Por: Yomar Bautista
La globalización económica se asienta y expande con gran rapidez en todo el mundo, y genera una imperante necesidad en las empresas de mantenerse a la vanguardia en materia de innovación y competitividad.
La actividad innovadora, es entendida como un proceso en el que se crean nuevas tecnologías o procesos de producción, se introducen nuevos bienes al mercado; o en su defecto se mejoran los métodos y bienes ya existentes.
En todos los modelos de desarrollo económico, la innovación actúa como una estrategia crucial para sobrepasar las fronteras de producción y alcanzar mayores niveles de productividad.
Constituye además, un factor esencial para el crecimiento de las empresas e industrias, contribuyendo a mejorar el posicionamiento competitivo de los países frente a los mercados internacionales, y a la larga, a elevar los niveles y calidad de vida de la población. Es por esto que en el noveno Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS – 9), que plantea que se debe “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, se destaca su relevancia.
Desde hace más de doscientos años, los economistas clásicos veían en la actividad innovadora y el progreso técnico, las únicas alternativas para emplear de forma eficaz los factores de producción y contrarrestar los rendimientos decrecientes. Joseph Schumpeter, considerado profeta de la innovación, se convierte en el primer economista después de los clásicos en razonar en términos prácticos los efectos de este fenómeno en el comportamiento de las empresas. Decía este economista, que la única forma de evitar el fracaso de las empresas y sobrevivir en los mercados modernos es siendo emprendedores, innovando periódicamente.
Debido a la importancia que se le atribuye a la innovación por sus aportes al crecimiento y desarrollo económico, muchos investigadores se han interesado en realizar estudios y aproximaciones empíricas para comprender mejor este fenómeno.
En su obra “El rol de la innovación” (Schumpeter, 1935) analizó los determinantes de la inversión en innovación de las empresas y los gobiernos. Se consideraron como determinantes, variables que aluden al tamaño de las empresas, su antigüedad, el sector en el que operan, su acceso al financiamiento, su vocación para exportar, entre otras.
La innovación en RD
Para el caso de la República Dominicana, según los resultados de la Encuesta Nacional de Innovación (ENIII) de 2010 levantada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), estos determinantes han influido en que el comportamiento de las empresas en materia de innovación se mostrara de la siguiente manera:
Las informaciones que se discuten en este artículo en base a esta encuesta de hace más de 10 años, deben tomarse con fines explicativos para conocer el panorama de aquella época en materia de innovación. Desde 2010 la encuesta no ha vuelto a realizarse, aun cuando las informaciones proporcionadas por esta fueron de importante uso.
Como se observa en el gráfico 1, aunque solo poco menos de la tercera parte (31.4%) de las empresas encuestadas invertían en actividades de creación y mejora de bienes para introducir al mercado, que son pilares de la actividad innovadora; un aspecto positivo era que más de la mitad de las empresas invirtieron en adquisición de bienes y programas informáticos, en investigación y desarrollo interno, en adquisición de bienes de capital, y en capacitación para actividades de innovación, lo que representaba un interés por parte del sector empresarial de no quedarse atrás con respecto a las novedades y las frecuentes transformaciones del mercado.
Las informaciones que estos datos nos revelan sirvieron de detonante para que la administración del Estado decidiera, en los años posteriores, dedicar una mayor proporción del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en investigación y desarrollo. Aunque en un principio, esta proporción era solo un 0,01% del producto total, posteriormente esta cifra tuvo significativos aumentos.
En República Dominicana, se carece de mediciones apropiadas que faciliten estimar el volumen de inversión en I+D como fracción del PIB. Sin embargo, las autoridades nacionales estiman que en los años anteriores a 2015 la inversión en este renglón era apenas de entre 0,01% y 0,03%.
Estas cifras no son fáciles de verificar dada la dificultad de determinar qué proporción del gasto corriente es dedicada específicamente a actividades de investigación y desarrollo de los sectores productivos, además de no contar con los fondos de origen privado para estos fines en los informes sobre presupuesto nacional. Este rango de porcentajes (para los años posteriores a 2015 únicamente) se ofrece con gran cautela, y puede estar sujeto a un sesgo de sobre o subestimación. El manejo de cifras confiables y que reflejen la realidad de estas inversiones es un asunto que requiere especial atención en la República Dominicana.
Aunque los datos del gráfico 2 (mostrado en la siguiente página), parecen alentadores, debido al aumento en 2015 a 0,09%, e incluso a 0,11% en 2017; el MESCyT determinó que existe una preocupante tendencia a la baja, y que la inversión en I+D como porcentaje del PIB para los últimos 10 años no ha promediado más de 0,05%.
El gobierno dominicano, en su interés por promover la innovación tanto del sector público como privado, habría dispuesto para 2005, la creación del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT), y del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECyT+I) para 2008-2018. Aunque estos proyectos buscaban reformar el Sistema Nacional de Innovación, no tuvieron resultados tan palpables.
Sin embargo, el hecho de que se tuvo la iniciativa de su creación, y se dedicaron fondos públicos para su ejecución, demuestra que es un eje de acción que se discute por las autoridades del gobierno, y que posiblemente siga siendo fomentado, conforme su necesidad se haga más imperativa. Es bueno el mencionar que además de estos planes, cada institución del Estado (haciendo alusión a los ministerios y dependencias de estos), dedica en su propia planificación presupuestaria, una propensión de sus recursos a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y mejoras de procesos.
La promoción de la innovación en las empresas dominicanas es una actividad que requiere especial atención de todos los sectores de la economía, principalmente del sector público en su rol de representante del Estado, pues una economía que innova, es una economía que crece; y una economía que crece, está un paso más cerca del desarrollo.
Hay mucho que se puede hacer para crear un circulo virtuoso de bienestar económico en el que participe la innovación como eje fundamental. Las informaciones presentadas en este texto nos dejan algunas conclusiones acerca de la situación de las estadísticas sobre la actividad innovadora, sobre el estado de las empresas en esta materia, y por último, pero no menos importante, sobre el rol de gobierno en esta dinámica. A continuación se presentan algunas recomendaciones al respecto:
Respecto a la disponibilidad de datos, resulta imperante levantar estadísticas con mayor frecuencia para seguir de cerca el comportamiento de las variables que se consideran determinantes del nivel de innovación de las empresas.
Las firmas, por su parte, tienen una especial participación en esta dinámica. Y pueden, sin limitarse únicamente a estas acciones, invertir en capacitación del personal en el manejo de nuevas tecnologías; seguir de cerca los cambios en los mercados locales y externos para tener un comportamiento resiliente; además de realizar alianzas estratégicas con el sector público para canalizar fondos para fomentar la innovación en las industrias dominicanas.
Con respecto al accionar del gobierno, se recomienda aumentar la proporción del Producto Interno que se dedica a Investigación y Desarrollo (I+D). Precisamente porque esta inversión se encuentra enlazada de forma directa al nivel de productividad y competitividad de las empresas, en la forma en que utilizan el conocimiento, que se traduce en la mejora continua de los sectores productivos, y la creación de bienes de mayor valor agregado. Y si los datos de este artículo no resultan suficiente para validar esta recomendación, basta con observar el panorama externo: Según los datos del Banco Mundial, Israel dedica un 4,8% de su producto a I+D, mientras que en nuestro país el 4% del PIB va solo a la educación básica”. Con este comentario no se busca restar importancia a la inversión en educación básica, sino que se incita a rediseñar una inversión más eficiente de los recursos del Estado en el que un sector no acapare fondos que no estén generando los retornos esperados.
El sendero al desarrollo está repleto de decisiones difíciles, menos populistas y más orientadas a medidas verdaderamente transformantes. La educación debe ser uno de los pilares que lidere este sendero, pero la educación en todos los niveles, no solo en niveles básicos.
El gasto público dedicado a este sector no puede traducirse meramente en infraestructura, esto tiene que ir de la mano con un proceso de monitoreo continuo de su calidad. Cuando esto suceda, es probable que de este sector emanen las innovaciones necesarias para mejorar las estructuras productivas de nuestra economía, pues como es conocido, la inversión en conocimiento tiene retornos invaluables.
Estas recomendaciones se hacen a la administración del Estado, rescatando el alcance constitucional del fomento de la innovación. Como se establece en el noveno numeral del artículo 63 de nuestra constitución sobre el Derecho a la Educación: “El Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan a esos fines”; y reforzado en su décimo numeral donde se recalca que “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país[…]”.
Los esfuerzos de las políticas públicas de innovación deben procurar estar apoyadas por alianzas con el sector privado para tener un impacto en todas las direcciones. Estos esfuerzos deberán trazarse los objetivos de elevar la capacidad de inserción del país en el comercio internacional de bienes y servicios; y en última instancia, elevar las condiciones de vida de la población, mediante el uso de la actividad innovadora.
Como ha sido sugerido por los organismos internacionales que persiguen la estabilidad económica, “…no se puede pensar en políticas de largo plazo sin tener en cuenta el papel que le cabe a la ciencia, tecnología e innovación” (CEPAL, 2009).
Fuente: https://otropoder.com/